“La incertidumbre jurídica y la falta de seguridad física están afectando la confianza y el desarrollo del campo”.

Así lo aseguró el presidente Ejecutivo de Fedepalma, Nicolás Pérez Marulanda, durante el 53° Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que se lleva a cabo en Cali. 

El directivo sostuvo que los hechos delictivos que afectan directamente al sector palmicultor se incrementaron un 33% en lo corrido de 2025. Durante el 2024, la cifra rondó un 24% más con respecto al 2023. 

“Todas las zonas palmeras están afectadas por problemas de seguridad. Las principales amenazas incluyen la extorsión, el hurto de fruto, la minería ilegal y la creciente presencia de grupos armados”, dijo Pérez. 

Asimismo, manifestó que también se ha intensificado el robo de CPO (Aceite crudo de palma) a granel y se incrementaron las prácticas como el sifonero durante el transporte del aceite de las plantas extractoras al mercado. 

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“Desde Fedepalma promovemos la denuncia y acompañamos a los productores en procesos legales. Agradecemos infinitamente el trabajo conjunto con las fuerzas militares y de Policía que han sido clave para mantener la operación en medio de estas dificultades”, destacó.

Por otra parte, hizo un llamado urgente por la liberación de Jenny Salazar Zabaleta, hija de Juan Salazar, palmicultor del César del Núcleo Palmariguaní, secuestrada desde el 21 de febrero por el ELN. 

“Ya son más de 110 días de cautiverio. A su familia toda nuestra salvedad. A sus captores exigimos el respeto por su vida y su inmediata liberación. El daño causado con esta práctica inhumana es irreparable para una familia y la sociedad colombiana”, afirmó.

“Incertidumbre jurídica”

El presidente Ejecutivo de Fedepalma sostuvo que se hace urgente que el Gobierno nacional adopte medidas para impulsar la inversión en el país, especialmente el sector agroindustrial. 

Indicó que uno de los temas más sensibles es la seguridad sobre la tenencia de la tierra. En ese sentido, expuso que actualmente cursa en el Congreso de la República el proyecto de ley de jurisdicción agraria, el cual plantea retos muy importantes para este sector. 

“El punto más relevante es mantener la intervención de los jueces en todos los procesos agrarios como una garantía para la seguridad jurídica y el respeto por los derechos de propiedad. Hemos acompañado el debate para asegurar tres cosas sustanciales. Las competencias judiciales claras, no administrativas; la exclusión de asuntos comerciales de los jueces agrarios y las garantías procesales para todas las partes; la protección de la seguridad jurídica frente a la intervención estatal”, explicó. 

Destacó que este proyecto se enmarca en una transformación más amplia, impulsada por el Gobierno nacional del ordenamiento territorial, con figuras como las Áreas Priorizadas para la Agricultura (APPA) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) que están generando -según dijo- “tensiones al modificar el uso del suelo sin suficiente claridad legal”. 

“Es fundamental un seguimiento cercano y participativo para evitar que estas herramientas afecten proyectos en curso o desincentiven la inversión en nuestro sector”, puntualizó Nicolás Pérez Marulanda.